Armó Estados Unidos a cártel mexicano para que combatiera a otro
En un intento por acabar con uno de los cárteles que operan al norte de México, agencias federales de Estados Unidos dirigieron un operativo que permitió que miles de armas de grueso calibre fueran introducidas a México con la consigna de que llegaran a manos criminales y así grupos de narcotraficantes se mataran entre ellos.
El operativo Rápido y Furioso, fue maquilado por la oficina de Alcohol, Armas y Tábaco (ATF), y aparentemente fue aprobado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Entre las armas introducidas había AK-47, Barret y municiones, revela un estudio realizado por el Centro de Integridad Pública (CPI) y la cadena de noticias CBS.

El estudio se dio a conocer el mismo día que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón se reunieron en la Casa Blanca para anunciar estrategias de seguridad, entre ellas detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

“Creo que México esta haciendo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra”, dijo el mandatario estadounidense.

John Dodson, agente investigador del ATF, dijo a CPI que él fue uno de los agentes que más se opusieron al operativo “porque eran armas que, al caer en manos criminales, podían ser utilizadas en nuestra contra”.

“Con el número de armas que dejamos que fueran introducidas a México, nunca vamos a saber del número de personas que fueron asesinadas por esas armas, ni cuánta gente fue abusada, violada, asaltada”, dijo Dodson.

Ricardo Sandoval, uno de los autores de la investigación, indicó que ellos estuvieron enterados de que las armas fueron pasadas por Arizona y Ciudad Juárez, y que uno de los objetivos era beneficiar a un solo cártel para que afectara a su contrincante.

“Creemos que las armas pasaron a Juárez, y que llegaron con solo uno de los cárteles, no sabemos cuál, pero sabemos que, o fue o el de Sinaloa o el del Juárez”, dijo Sandoval.

El operativo fue implementado a finales del 2009, aun cuando varios de sus agentes, entre ellos Dodson, se opuso a que se implementara por las consecuencias que llevaba, a los que los responsables del operativo respondieron que “si se quiere hacer un omelet, deben romperse algunos huevos”.

A más de un año después, el operativo sigue sin generar resultados, incluso, ninguna persona ha sido detenida, revela el reporte de CPI.

Asimismo, explica la investigación, el Departamento de Justicia estuvo enterado de todo el plan, sin embargo, nada hicieron por detenerlo y se dice que hasta lo aprobaron con el fin de dejar que las armas fluyeran, crear un gran caso y terminar con un cártel.

Fuentes del DOJ, explicaron que ellos no estaban enterados de esa situación, y que por tanto no comentarían al respecto, refiriendo todas las preguntas al ATF en Washington.

Sin embargo, el ATF explicó que no revelarían detalles sobre la operación Rápido y Furioso porque se trataba de una investigación en progreso y que de momento no comentarían nada.

Kenneth E. Melson, director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, explica en un comunicado escueto enviado a diferentes medios de comunicación “que se reunirá un grupo especial para examinar su estrategia nacional de tráfico de armas de fuego”.

El documento hace referencia a que todo el operativo se hizo a espaldas de México. Ríodoce intentó conocer la versión de la Procuraduría General de la República, pero hasta el cierre de esta edición no habían regresado ni llamadas ni mensajes relacionados con este asunto.

Cabe destacar que una vez aprobado el operativo, el número de homicidios en México se habría disparado gravemente, según explica un correo electrónico enviado por el supervisor de la operación a los directivos en donde detalla que tan solo “en marzo del 2010 habían ocurrido 958 homicidios, el mes más violento desde 2005, siendo ese mes en que se registró la venta de 359 armas, incluyendo numerosos rifles Barrett calibre .50”.

Asimismo, revela información sacada de los memorandums enviados a los agentes que se oponían a ejecutar la operación, la ATF les comentó que “si pensaban que no era divertido y creían estar en la línea equivocada, quizás en el condado de Maricopa les contratara como agentes de detención, donde les pagarían 30 mil dólares al año por dar de comer a los internos”.

Fue precisamente en ese condado cuando, el 14 de diciembre de 2010, el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue abatido con una de las armas rastreadas en la operación Rápido y Furioso.

Dodson dijo lamentar haber sido parte del plan de la ATF. “Me sentía culpable. No sé cómo explicarlo. En primer lugar, me gustaría decirle a su familia que lo siento”.

Sobre el tema, CBS dijo que Kenneth E. Melson, director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se limitó a decir “que se reunirá un grupo especial para examinar su estrategia nacional de tráfico de armas de fuego”.

Y mientras nadie explica ni da la cara respecto al operativo, miles de armas circulan en las calles del norte de México.

El senador republicano Charles Grassley, lamentó que esta situación haya ocurrido y dijo que exigiría resultados, y si es necesario llevar a los responsables a la justicia, lo haría.

“Es doloroso que por esta situación haya muerto un agente estadounidense, y si tenemos que llegar hasta el fondo de esto, lo vamos a hacer, porque es una situación grave”, dijo el senador.

La situación indignó a un agente del estado, quien lamentó estar poniendo su vida en la línea de fuego, para que sean los propios gobiernos quienes finalmente arman a los criminales que ellos muchas veces pelean.

“Han matado compañeros que han sido víctimas de la violencia que vive el país, y no es justo que ahora nos enteremos que es el mismo Estados Unidos, los mismos que nos exigen resultados, quienes terminan armando a las bandas de criminales”, dijo el agente, quien solicitó no se revelara su nombre.